Con el inminente Brexit, el Reino Unido parece dispuesto a debilitar la política pesquera

A menos de dos meses de que el Reino Unido deba abandonar la Unión Europea, sigue siendo incierta la postura sobre uno de los ámbitos políticos más emblemáticos del debate británico: la pesca. Sin tener claro si se cerrará y cuándo el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre la retirada y el intercambio comercial futuro, o sobre qué sucederá si no llegan a un acuerdo, es difícil precisar el impacto definitivo del Brexit en la gestión pesquera.

Hace casi dos años escribí sobre las oportunidades y los riesgos que presenta el Brexit para la política pesquera del Reino Unido. A pesar de que sigue habiendo oportunidades, los riesgos persisten; por ejemplo, un retroceso en la política podría suponer el mantenimiento de la sobrepesca. No obstante, el gobierno del Reino Unido aclaró sus aspiraciones para la gestión pesquera el año pasado, a través de un informe técnico y un proyecto de ley de pesquerías, una de las partes importantes de la legislación previa al Brexit que el Parlamento está debatiendo.

El proyecto de ley es un logro en sí mismo: La legislación pesquera del Reino Unido ha tenido un alcance limitado durante su integración en la UE, y deshacer 40 años de legislación de la UE para elaborar leyes propias para el Reino Unido supone una tarea titánica. El proyecto de ley trata de asegurar algunas prioridades en conflicto, por ejemplo, proporcionando continuidad el primer día en el que el Reino Unido deje de estar sujeto a la Política Pesquera Común (PPC) de la UE, a la vez que reivindica e implementa poderes y políticas recientemente recuperadas por el Reino Unido. Se trata de un equilibrio difícil de lograr, y el Parlamento está probando la política propuesta frente a la ambición declarada del gobierno de que el Reino Unido sea un "líder mundial" en la gestión pesquera, así como frente al ambicioso informe técnico de julio de 2018 que instaba al Reino Unido a "establecer un estándar de referencia para la pesca sostenible en todo el mundo".

Muchos parlamentarios y expertos externos manifiestan que el proyecto de ley presentado carece de la ambición mostrada previamente. El proyecto de ley se centra detalladamente en los poderes que el gobierno del Reino Unido debe asumir de la UE después del Brexit, pero no ofrece una política detallada. Además, los escasos detalles sobre cómo deben utilizarse esos poderes ya suscitan preocupación por que el Reino Unido ha descartado los ambiciosos objetivos establecidos en el informe técnico.

Asimismo, al omitir las restricciones sobre las decisiones anuales de los ministros sobre la presión pesquera, el proyecto de ley diluiría una disposición esencial sobre sostenibilidad que se habría suprimido de la PPC. A dicha omisión le siguió una consulta en la que la mayoría de los encuestados apoyaron la pesca sostenible. Sin embargo, las organizaciones del sector pesquero pidieron a los legisladores unos "compromisos más generales" que los de la PPC; en la redacción de la legislación, el gobierno del Reino Unido aparentementemente quería responder a las opiniones del sector, pero no ha explicado completamente sus acciones.

Eliminar los compromisos de la PPC de la legislación del Reino Unido dejaría al país con unas aspiraciones inferiores que las disposiciones de la UE por las que se luchó para que figuraran enla reformada PPC de hace seis años. En su lugar, con el fin de ayudar a la recuperación de las poblaciones de peces, el proyecto de ley debe exigir que los límites de pesca se basen en recomendaciones científicas; de lo contrario la pesca no sostenible podrá seguir ocurriendo indefinidamente en las aguas del Reino Unido.

Sin restricciones sobre las decisiones anuales, cada año los ministros de pesca seguirán siendo susceptibles a la presión a corto plazo para permitir la sobrepesca, práctica que, como se ha demostrado en la historia reciente, impacta negativamente en las poblaciones de peces y en el futuro de las pesquerías. Recortar los actuales objetivos de la PPC también dificultaría al Reino Unido acordar medidas de gestión compartidas con la UE y entorpecería el logro de los acuerdos internacionales del Reino Unido en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Existen otros dos factores que suponen que eliminar las restricciones sobre las decisiones anuales sea arriesgado. Por un lado, el gobierno del Reino Unido espera una mayor participación de la cuota de pesca que la que recibe actualmente como miembro de la UE, lo que eleva las expectativas de que la flota del Reino Unido se gane el derecho a desembarcar cientos de miles de toneladas más de pescado. La renegociación de la distribución de las cuotas pesqueras entre el Reino Unido y los Estados miembros de la UE entrañan un riesgo inherente de desacuerdo sobre dicha distribución entre el Reino Unido y la UE, lo que podría llevar a la sobreexplotación pesquera, tal y como ha sucedido en las recientes disputas sobre las capturas de caballa que han contribuido a la sobrepesca y la suspensión de la certificación de sostenibilidad de esa pesquería. Por una parte, señalar la posibilidad que las poblaciones de peces fuesen capturadas por encima de lo permitido actualmente, mientras se busca incrementar el reparto, aumentando los riesgos de sobrepesca.

Por otro lado, el gobierno del Reino Unido también ha indicado su voluntad de explorar la sustitución de cuotas por límites sobre el número de días que los buques pueden pasar en el mar pescando. La evidencia señala que este enfoque suele ser muy perjudicial, un paso atrás en la regulación que imitaría algunos de los sistemas de gestión pesquera con peores resultados del mundo.

Lejos de ser un estándar de referencia, estas propuestas para permitir mayor presión pesquera o eliminar los controles de cuota podrían invertir el progreso alcanzado por el Reino Unido en la mejora de la gestión pesquera, lo que posiblemente socavaría el ya extremadamente lento progreso que la UE está llevando a cabo hacia el fin de la sobrepesca.

Los legisladores del Reino Unido ahora tienen una oportunidad de mejorar el proyecto de ley a través de los debates parlamentarios. En vista del calendario de salida del Reino Unido de la UE (y cualquiera que sea el resultado de la renegociación del Brexit) estas mejoras son cada vez más urgentes si se quieren materializar las ambiciosas declaraciones de sostenibilidad del gobierno del Reino unido.

Andrew Clayton encabeza los esfuerzos de The Pew Charitable Trusts para acabar con la sobrepesca en el noroeste de Europa.