Pew: los gobiernos estatales y locales desempeñan un papel fundamental en la inmigración

Un estudio identifica cuatro áreas de responsabilidad clave para los estados y las localidades en caso de que el gobierno federal promulgue un programa de legalización

WASHINGTON — Un estudio de The Pew Charitable Trusts publicado hoy revisa la acción federal previa sobre la inmigración y examina los papeles que los estados y las localidades pueden tener que desempeñar si se implementa algún programa nuevo de legalización. Inmigración y legalización: roles y responsabilidades de los estados y las localidades destaca cuatro funciones clave para los gobiernos estatales y locales: divulgación pública, documentación, educación y protección contra el fraude.

Si bien Pew no toma posición sobre si el Congreso debería o no legislar la inmigración, considera que los gobiernos estatales y locales pueden prepararse para implementar una posible iniciativa federal. Asimismo, es fundamental que se analice el rol de los estados y las localidades mientras que el Congreso evalúa la posibilidad de legislar la inmigración.

De acuerdo con el informe, si bien únicamente el gobierno federal puede otorgar estatus legal a los inmigrantes, los gobiernos estatales y locales desempeñan roles fundamentales para llevar a cabo programas de legalización. Si se promulgara un programa legislativo nuevo y amplio, se verían afectados los estados que históricamente han recibido la mayor cantidad de inmigrantes, como California, Florida, Illinois, Nueva York y Texas, al igual que otros estados con nuevas poblaciones de inmigrantes en crecimiento, como Nevada y Georgia. El análisis de Pew subraya que actualmente la población de inmigrantes no autorizados está más dispersa por todo el país, y describe los problemas particulares que pueden tener que enfrentar los estados con nuevas poblaciones de inmigrantes al implementar un programa legislativo.

“Debido al reciente crecimiento y a la dispersión geográfica de la población de inmigrantes no autorizados, muchos estados y localidades se encontrarán en terrenos desconocidos en caso de que el Congreso promulgue un nuevo programa legislativo”, declaró Michele Waslin, gerente de trabajos de Pew para la inmigración. “Es vital que los gobiernos estatales y locales comprendan los roles que deben desempeñar y se preparen para la implementación”.

Para producir el informe, Pew examinó la implementación de la Ley de Control y Reforma de la Inmigración, promulgada en 1986, y del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, iniciado por la administración Obama en 2012. El informe demuestra que se les ha exigido a los gobiernos estatales o locales, o bien que estos han decidido, asumir varias responsabilidades clave, entre las que se incluyen:

• Divulgación pública. Los estados y las localidades pueden informar a los potenciales solicitantes sobre los programas y suministrar información sobre el proceso de solicitud.
• Documentación. Los gobiernos estatales y locales pueden ser fuente de la documentación que necesitan los solicitantes para cumplir ciertos requisitos, incluida la permanencia en los Estados Unidos por un período de tiempo definido y la obtención de certificados de logros académicos.
• Educación. Es probable que las instituciones estatales y locales sean fuente de educación sobre la lengua inglesa, la historia y la instrucción cívica de los EE. UU., así como de otro tipo de educación específica que pueden necesitar los solicitantes para reunir los requisitos para un programa de legalización.
• Protección contra servicios legales de inmigración que sean codiciosos o fraudulentos. Los estados han desempeñado un papel importante en la protección de los no ciudadanos contra actividades fraudulentas que les prometen la legalización de su estatus a cambio de una tarifa. Esto constituye una práctica que históricamente se desarrolla cuando el gobierno federal anuncia un programa de legalización o ayuda para los inmigrantes, o incluso cuando hay rumores de un posible programa nuevo de legalización.

El informe observa que los detalles de cualquier programa futuro de legalización influirían en el tipo y en la magnitud de la participación de los estados y las localidades. Como los estados se encuentran en la “primera línea”, el estudio destaca la necesidad crítica de que los responsables de las políticas federales tomen en cuenta los roles de los estados y las localidades.

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