Los 70 botes de Papúa Nueva Guinea que, en 2018, pescaron atún en las aguas nacionales de la isla no estaban solos: más de 150 buques pesqueros de otros países ingresaron en la zona económica exclusiva (ZEE) de Papúa Nueva Guinea, con una capacidad superior a muchos de los pescadores nacionales, lo que dejó a estos últimos en una posición de desventaja económica.
Las flotas extranjeras recibieron un apoyo estimado de $251 millones en subvenciones dañinas, asignadas por sus Gobiernos nacionales correspondientes, según una nueva investigación que financió The Pew Charitable Trusts y que llevaron adelante destacados economistas expertos en pesca en la Universidad de California, Santa Bárbara. La investigación incluye un atlas de la actividad pesquera, en el que se muestra el valor estimado de las subvenciones dañinas que posibilitan la pesca en zonas muy alejadas de los países de origen de las flotas y también en alta mar.
Las subvenciones dañinas otorgadas a las flotas que pescan en aguas distantes respaldan esta actividad en las aguas de Papúa Nueva Guinea, que cuenta con un sector de pesquerías más amplio y valioso que cualquier otra región del mundo. Asimismo, gran parte de la actividad se concentra cerca de las costas de Papúa Nueva Guinea, donde las familias y comunidades de pescadores locales dependen de las pesquerías para subsistir.
Sin embargo, este problema no afecta solo a Papúa Nueva Guinea. Existen otros países en desarrollo que enfrentan los embates de la pesca subvencionada en aguas distantes. Esto es consecuencia de un patrón que resulta preocupantemente familiar: después de incurrir en una sobrepesca en sus propias aguas, los Gobiernos con economías sólidas, como China y los países de la Unión Europea (UE), ofrecen subvenciones para que sus flotas recorran largas distancias, con el objetivo de pescar en las aguas de naciones en desarrollo. Tres de las cinco ZEE del mundo que reciben la mayor presión de pesca subvencionada en aguas distantes corresponden a países en desarrollo, y los dos más importantes, Papúa Nueva Guinea y Micronesia, fueron designados Pequeños Estados Insulares en Desarrollo por las Naciones Unidas.
A pesar de que la ciencia demostró la existencia de una pesca excesiva en los océanos de todo el mundo, los Gobiernos destinan más de $22 mil millones cada año a las subvenciones dañinas para sus industrias pesqueras. Las subvenciones se vuelven dañinas cuando aumentan la capacidad de pesca y permiten que los buques se desplacen más lejos, permanezcan más tiempo en el mar y capturen más de lo habitual, lo que disminuye las poblaciones de peces por debajo de los niveles sostenibles. Además, esta actividad, que es posible gracias a las subvenciones, puede incrementar las desigualdades entre las comunidades del sector pesquero que ya se encuentran en una situación de desventaja.
La tendencia muestra que las flotas que pescan en aguas distantes se benefician mucho más de estas subvenciones que las flotas nacionales. En general, las primeras se lanzan en busca de las especies más valiosas de alta mar, una acción que, por sí sola, puede contribuir a la sobrepesca; sin embargo, en muchos casos, traspasan los límites de las ZEE, donde capturan los peces que, de lo contrario, estarían disponibles para las flotas nacionales. Por ejemplo, en la investigación, se demostró que se asignan más de $630 millones a subvenciones dañinas a la pesca en 24 Estados de pabellón que pescan en el océano Pacífico Suroriental, donde las cuatro naciones principales, China, Japón, España y Corea, son las responsables del 93.5 % (más de $589 millones) de la totalidad de las subvenciones.
Asimismo, el nuevo atlas de subvenciones revela una estrecha correlación entre los subvencionadores más dañinos y los cinco Gobiernos más importantes con responsabilidad sobre las flotas más subvencionadas que pescan en aguas abiertas. En 2018, China, la UE, Japón, Corea y Taiwán destinaron $1.5 mil millones a las subvenciones dañinas y 2 mil millones de kilovatios hora, la medida oficial de las Naciones Unidas para las acciones de pesca, en aguas de otros países. Eso supone gastos y esfuerzos mayores a los que realizan las otras 130 naciones que pescan en aguas distantes del resto del mundo durante el mismo período.
Los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) pueden poner fin a esta desigualdad. En los estudios se demostró que, sin las subvenciones, gran parte de la actividad en aguas distantes es económicamente inviable. Por ejemplo, en la investigación de 2018, se descubrió que el 54 % de los caladeros fuera de la jurisdicción del país de origen no serían redituables sin las subvenciones dañinas. Los miembros de la OMC, que son quienes establecen las políticas de dichos pagos, pueden votar para poner fin a las subvenciones dañinas a la pesca; de hecho, se los instó a hacerlo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de 2015 (Meta 6 del Objetivo 14). En lugar de perpetuar el statu quo, un ambicioso acuerdo multilateral que desencadene la reforma de las subvenciones podría ayudar a nivelar las reglas de juego para los pescadores y recuperar las poblaciones de peces.
Luego de más de dos décadas de negociaciones, los ministros de comercio de todo el mundo se reunirán del 30 de noviembre al 3 de diciembre en la 12.a Conferencia Ministerial de la OMC en Ginebra, Suiza. De manera conjunta, los Gobiernos que forman parte de la OMC tienen la posibilidad y el deber de hacer lo correcto y poner fin a las subvenciones dañinas a la pesca. El sustento de los pescadores y las comunidades costeras, como las de Papúa Nueva Guinea y el resto del mundo, enfrentan una amenaza creciente a medida que disminuyen las poblaciones de peces. Las medidas para disminuir las subvenciones dañinas para las actividades de pesca en aguas distantes son fundamentales para que el acuerdo final de la OMC sea eficiente en líneas generales.
Isabel Jarrett es administradora y Reyna Gilbert, asociada principal del proyecto de The Pew Charitable Trusts para reducir las subvenciones dañinas a la pesca.